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CAHUCOPANA, Minería

Cartilla: El Paro Nacional en Colombia | 22 Agosto 2013

A partir del lunes, el 19 de agosto, varios sectores de la sociedad colombiana se juntaron en un paro nacional. El paro, que sigue tomando lugar en ciudades y zonas rurales en varias partes del país, involucra campesinos agropecuarios, mineros artesanales, sindicatos cafeteros, camioneros,  estudiantes, maestros y trabajadores de la salud. ECAP ha estado presente con las comunidades que llevan a cabo el paro en Segovia y Remedios, en el nordeste antioqueño. Lo que sigue es una cartilla corta sobre el porqué del paro, el contexto histórico de las manifestaciones, y lo que han exigido los manifestantes al Estado.

Una deuda histórica

MAPColombia es un país profundamente dividido por la inequidad económica. Esta es especialmente impactante cuando se viaja entre una ciudad y una zona rural: el 64% de la población vive en la pobreza, en comparación con el 39% en las ciudades. Casi la mitad de los colombianos en zonas rurales viven en la pobreza extrema, definida por subsistir en menos que COP 2.000 diariamente. En total, más que 15 millones  de colombianos viven en la pobreza, la mayoría de ellos en las zonas rurales.

Colombia también alberga cinco millones personas desplazadas, un número igualado en la planeta solamente con el Sudán. Esto se suma a uno de cada diez colombianos, todos desplazados en los últimos doce años a campamentos de refugiados, barrios populares, y alojamientos temporales. Las mujeres, los afrodescendientes, y los indígenas tienen niveles más altos del desplazamiento que los otros sectores.

Pero Colombia también es un país de gran riquezas y un PIB que se va aumentando. Desgraciadamente, los pobres no han visto los beneficios de este aumento. El país el segundo más desigual en el hemisferio occidental; sigue solamente a Haití. Es el octavo país en desigualdad en todo el planeta. En las zonas rurales, esta desigualdad se manifiesta más obscenamente en la propiedad de tierras: el 0,4% de los terratenientes tienen el 61% del territorio rural, y esta concentración de tierras se sigue aumentando con los niveles de inversión directa del extranjero, que han subido en los últimos quince años.

La ola reciente de Tratados de Libre Comercio solo ha empeorado la situación. Oxfam y otros estimaron que el TLC con los EE.UU., que entró en vigor en el 2012, significaría que los campesinos rurales perdieran hasta el 70% de sus ingresos. Los niveles del desplazamiento ya han incrementado desde que el TLC entró en vigor.[1]

Como escribieron los organizadores del paro en el primer día de la manifestación, hay una

“… deuda histórica que el Estado colombiano tiene con el mundo rural. [H]emos logrado establecer reivindicaciones en leyes y decretos, que a la luz de la realidad son letra muerta, en algunos casos su pretexto del déficit presupuestal a pesar que cada año los gremios económicos hablan de abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni el mejoramiento de nuestra calidad de vida.

Adicional a ello se ha aplicado todo un paquete legislativo y normativa en materia de producción agropecuaria, minera, energética, vivienda y de servicios públicos que favoreciendo intereses del capital va en contra de los intereses del pueblo. La tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema… el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población.

En nuestra realidad, la deuda social se refleja en el despojo, la no adjudicación y dotación de tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente política para fortalecer la producción agropecuaria, en la política minera a favor de multinacionales y en contra de comunidades, y mineros pequeños y artesanales, y la ausencia estatal en cuanto programas de inversión social en educación, salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos se refiere.

El artículo 65 de la Constitución Política de Colombia de 1991 define ‘La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado.’ Sin embargo, la política agraria no ha resuelto la situación de inseguridad alimentaria, desnutrición y hambre de los pobladores del sector urbano y rural: el 58,3% de los hogares rurales se encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria; el 20% de los niños menores de cinco años en situación de desnutrición crónica y el 1,3% en situación de desnutrición aguda. Según la Defensoría del Pueblo el 40,8% de la población total en el país se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria. Ante las injusticias vividas, hemos enviado cartas, sostenido reuniones, audiencias, hemos hecho uso de derecho legítimos a la protesta llegando a acuerdos con distintos gobiernos municipales, departamentales, e incluso con el gobierno nacional, para dar solución a los problemas que se generan y viven en la ruralidad, y que afectan al conjunto de la sociedad colombiana. Cada uno de estos acuerdos se ha sido incumplido de manera sistemática por el Estado y sus diferentes instituciones.”

Las Ganancias de la Gran Minería de Oro

La inversión extranjera hecho por las industrias extractivas en Colombia ha aumentado ampliamente en los últimos quince años, debido en parte a una reducción de la actividad guerrillera,que hace que la gran minería sea más rentable y menos riesgosa para las multinacionales. Debido a estos cambios, y en respuesta a un aumento en el precio del oro durante la crisis económica mundial, la producción del oro en el país se ha triplicado
 desde el 2006. Pero a pesar de la gran expansión de la minería en el país, la mayoría de los proyectos mineros quedan en la etapa de exploración, con las multinacionales haciendo cola para pedir concesiones en las zonas rurales. En las palabras de un analista de finanzas en los EE.UU., Colombia “no ha sido explorada por décadas debido a la guerra con la guerrilla y otros problemas. Por esto, creo que hay mucha más oportunidad allá [que en los otros países que producen el oro].”

Ese afán ha traído un aumento del 640%  en la inversión minera de las multinacionales desde el 1999. Los gastos del gobierno en el desarrollo de la infraestructura se concentra en las áreas bajo exploración por multinacionales, y hasta se ha reportado que 40% del territorio rural está abierto para concesionar a multinacionales. Estas estadísticas, juntos con el nuevo código minero (partes de cual, se rumora, fue escrito por la empresa minera AngloGold Ashanti) que reduce las restricciones en la minería para multinacionales, dibujan un imagen clara de un Estado rentista que está preparando una pista de aterrizaje para el capital extranjero para apropiarse del patrimonio nacional, mientras los residentes de las zonas donde hay oro viven sin vías, saneamiento, o infraestructura social. (Véase la reflexión de Pierre Shantz, que discute las ganancias mineras en Segovia, Antioquia.)

Es más. La coyuntura económica toma lugar en el contexto de un conflicto armado, que, contrario a la narrativa nacional, no se ha acabado. La gente en el campo en particular sigue siendo afectada por las depredaciones de los grupos armados legales e ilegales, como escriben manifestantes en Antioquia:

“[Vivimos en] regiones olvidadas por el Estado Colombiano, donde el conflicto social y armado se ha vivido con más intensidad, dejando centenares de familias sin tierra, despojados y desarraigados de sus territorios, invadidos por el militarismo y los planes de consolidación territorial, a la par de la alta presencia de empresas transnacionales y multinacionales que potencializan el accionar de grupos paramilitares y delincuenciales en los campos colombianos y que han sometido a la población rural y urbana a la crisis humanitaria por décadas.

Las ejecuciones extrajudiciales, la estigmatización y el señalamiento de líderes campesinos, los bloqueos económicos y sanitarios, los ametrallamientos y bombardeos indiscriminados, por parte de las Fuerzas Militares, son otras de las formas de violencia que han tenido que padecer campesinos y campesinas de la región, y han sido estas, las únicas muestras de presencia que ha hecho el Estado Colombiano en estos territorios.”

Las Exigencias de los Movimientos Sociales

En resumen, mientras que la inversión extranjera directa (IED) sigue aumentando en Colombia, especialmente en el sector de la minería del oro, las comunidades locales—muchas de cuales han sobrevivido en la minería artesanal por siglos—no han visto los beneficios del influjo de capital, y en su lugar han padecido más violencia, desplazamiento, y pobreza mientras las multinacionales llenan sus bolsillos, ya pesados.  El gobierno de Santos se ha negado a discutir la inversión extranjera o el modelo económico del comercio libre en las negociaciones con las FARC-EP.

Como respuesta, organizadores del Paro Nacional han publicado una lista de seis exigencias específicas que hacen al Estado.[2] Estas incluyen:

  1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.
  2. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
  3. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.
  4. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
  5. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.”

Los organizadores concluyen: “De parte nuestra ya están los voceros nacionales para iniciar en diálogo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuaria y Popular (MIA), escenario que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.”

Para seguir los desarrollos en el Paro Nacional, véase nuestra página de Storify, donde recogemos las noticias y avances del paro.

Para más información sobre los asuntos de la gran minería en Colombia (en ingles), véase a este informe por Peace Brigades International, y este informe por la U.S. Office on Colombia.


[1] Los agricultores y exportadores estadounidenses, por el otro lado, esperan ver ganancias significantes.

[2] Cada exigencia tiene una lista extensiva de sub-puntos; por favor véase el documento original para más detalles.

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Acerca de CPT Colombia

CPT (Christian Peacemaker Teams) Colombia is an International organization seeking to be allies for and partner with communities who are threatened with displacement and violence. We try to support their initiatives to promote justice and peace and their resistance to attempts by those who oppress them and seek to dispossess them of their land, culture and livelihoods.

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