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Resistencia, permanencia y convivencia: imagen y realidad en el sur de Bolívar

por Isaías Rodríguez Arango, miembro de la delegación de Semana Santa 2012

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” –Título I – Artículo 1º – Constitución Política de Colombia de 1.991

Quimérico puede ser el término adecuado para denotar el carácter utópico que hoy en día los colombianos observamos en nuestra Constitución Política de 1.991. Esto se hace aún más evidente cuando se cuenta con la oportunidad de visitar sectores tan oprimidos y golpeados por el conflicto armado como la serranía de San Lucas en el sur del departamento de Bolívar. Ésta zona minera ha sido por varios años el epicentro de una guerra sincrética que en algunas ocasiones no permite diferenciar de parte de quien se dispara. Lo único que queda siempre claro es que el campesino minero, agricultor o simplemente habitante de la región generalmente es quien debe llevar la peor parte.

Llama la atención que dadas las circunstancias adversas, los lugareños siempre afirman que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr permanecer en éstas tierras, las cuales han sido habitadas por ellos y sus antepasados Guamocoes y Zenúes por muchos años.

La minería artesanal para explotación de oro ha sido el oficio principal de los pobladores de la región, actividad que ha permitido el sustento de cientos de familias en el sur de Bolívar. No obstante, el territorio atraviesa hoy en día por uno de los peores problemas que puede enfrentar una zona en el país: está en la mira de una de la multinacionales más agresivas en la explotación de recursos minerales en el mundo, “Anglogold Ashanti”, motivo por el cual ésta comunidad se ha convertido en blanco de los mecanismos estatales legales e ilegales para ocasionar desplazamiento forzado del territorio. Desde legislación y reglamentación gubernamental adversa para el pequeño minero hasta paramilitarismo son algunos de los medios más graves de opresión e intento de desalojo.

La delegación nacional camina en la zona minera

Es evidente y apenas lógico que un minero artesanal sin ayuda privada o del estado jamás podrá responder a los elevados estándares que, en el papel, el gobierno nacional quiere implantar en su industria extractiva, los cuales, según las entidades reguladoras, buscan una explotación sostenible de recursos naturales y minerales. Sin embargo, muchas de estas normas ambientales y de seguridad industrial son violadas deliberadamente por mega industrias sin que los entes de control se pronuncien al respecto. Por lo anterior, salta a la vista un diseño totalmente excluyente en la política minera del país.

Actualmente el sector oro-minero colombiano afronta serios problemas de orden público. La seguridad democrática del anterior gobierno no fue ni logró lo que nos han hecho creer. De acuerdo a versiones concordantes de campesinos oriundos de la región, en el área continúa viva la presencia de actores armados como paramilitares, guerrilleros y miembros de la fuerza pública. Igualmente se observa un intento de desplazamiento económico con elevados precios de algunos productos y servicios en distintos municipios y corregimientos circunvecinos a la Serranía de San Lucas. De otro lado la legislación y reglamentación minero-artesanal, como ya se había expuesto, asfixian cada vez más a los pequeños extractores de oro, las amenazas de muerte hacia líderes y voceros comunitarios no han cesado, y la impunidad hacia crímenes cometidos en contra del pueblo bolivarense parece perpetuarse.

Un vistazo en términos cuantitativos

De acuerdo al Observatorio de Paz Integral O.P.I, entidad que se ha encargado de hacer una recopilación exhaustiva de datos del conflicto armado en el Magdalena Medio (aunque no se limita solo a datos de aspectos bélicos), mediante fuentes en su mayoría primarias, en ésta zona del país se verifica presencia activa de siete grupos paramilitares, a saber, los Rastrojos, los Urabeños, los Vagos, los Botalones, las Autodefensas de Barrancabermeja, las Águilas Negras y Don César, cuyas principales actividades delictivas son el narcotráfico y la extorsión con fines económicos. Lógicamente su mayor objetivo es mantener el control social, político, económico y militar del área.

En el año 2006 ocurrió la desmovilización de 6.000 hombres de las autodefensas de la región del Magdalena Medio. No obstante, en ese mismo año se presentó el surgimiento de 26 nuevos grupos en éste territorio. Es preciso señalar que en el periodo comprendido entre 2006 y 2011, éstas estructuras delictivas han sido acusadas de cometer 1.051 homicidios selectivos.

Un hecho destacado, ocurrido durante el año 2008 en el sur del Departamento de Bolívar, fue la alianza entre la Guerrilla de las FARC y el grupo paramilitar “Las Águilas Negras” lo cual dificulta la identificación plena de los autores de diferentes acciones violentas en la zona.

En contraste con lo anteriormente expuesto, medios de comunicación como Caracol, en noticia publicada el 27 de febrero de 2012 en el segmento denominado “nación”, a propósito del sonado caso del ex alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo, nos recuerda una supuesta desmovilización a mediados del 2006 de 31.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia A.U.C, con lo cual se puede ocasionar que la opinión pública infiera que el problema del paramilitarismo está erradicado. Quizás, éstas desmovilizaciones masivas lo único que han buscado es que los actores violentos puedan acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, haciendo caso omiso del enciso 11.4, donde se exige que el reincorporado a la vida civil cese toda actividad ilícita para poder disfrutar de los beneficios de la norma, aspecto que no se ha observado en muchos procesos.

Así las cosas, no podemos desconocer que el Magdalena Medio y por ende el sur del departamento de Bolívar sigue siendo un territorio azotado por el conflicto interno en Colombia y que sus actores no han abandonado éste escenario, el cual seguirá siendo predilecto por su riqueza en recursos naturales y minerales.

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Acerca de CPT Colombia

CPT (Christian Peacemaker Teams) Colombia is an International organization seeking to be allies for and partner with communities who are threatened with displacement and violence. We try to support their initiatives to promote justice and peace and their resistance to attempts by those who oppress them and seek to dispossess them of their land, culture and livelihoods.

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